Los familiares de clientes fallecidos que tenían fondos depositados en entidades de intermediación financiera pueden acceder a esos recursos, siempre que cumplan con los requisitos legales establecidos para evitar fraudes y garantizar el debido proceso.
En el sistema bancario dominicano existen 9,593,712,891 pesos correspondientes a cuentas de personas fallecidas, según reveló Junil Fermín, directora legal de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA).
Fermín explicó que la banca múltiple tiene el deber de custodiar y proteger esos fondos en favor de los herederos legítimos, evitando que sean distraídos por terceros no autorizados.
Por esa razón, el dinero no puede entregarse de manera automática ni sin un proceso legal debidamente agotado.
Al producirse el fallecimiento de un titular, las cuentas pasan a un estado restringido, lo que significa que se bloquean y dejan de generar cargos o comisiones. No obstante, el proceso para liberar esos recursos está sujeto a normativas legales y fiscales que requieren la presentación de documentación específica, incluyendo declaraciones sucesorales y otras certificaciones.
Entre las principales causas que retrasan la entrega de los fondos están los conflictos entre herederos, así como la intervención de personas no reconocidas legalmente como beneficiarias.
Es el 1.31% de todas las cuentas
Además, en algunos casos los montos disponibles no justifican el esfuerzo legal y económico que implica reclamar los fondos, lo que representa un desincentivo adicional para las familias.
El proceso debe ser gestionado de forma individual ante cada entidad financiera, con los costos y requerimientos que eso implica.
Según datos de la ABA, las cuentas de clientes fallecidos representan apenas el 1.31% del total de cuentas del sistema bancario, y los fondos asociados a esas cuentas equivalen al 0.36% del total de las captaciones de la banca múltiple.
En busca de soluciones, la ABA trabaja en una propuesta que incluye la unificación de los documentos requeridos, así como el fortalecimiento de la coordinación entre las entidades financieras, organismos del Estado, el regulador del sistema financiero y otros gremios.
El objetivo es agilizar y simplificar el proceso de entrega de los fondos a los familiares de los clientes fallecidos, respetando siempre el marco legal vigente.