El reciente ataque que dejó una mujer muerta y varios heridos en el sector Naco, del Distrito Nacional, a manos de un joven con aparentes trastornos mentales ha reavivado el debate sobre el destino de los acusados con problemas psiquiátricos dentro del sistema penitenciario.

En teoría, el Código Procesal Penal establece que las personas inimputables —aquellas que, debido a trastornos mentales, no comprenden la ilicitud de sus actos— deben ser sometidas a medidas de seguridad en centros de atención especializados, y no a penas privativas de libertad en cárceles convencionales.

Actualmente, el sistema penitenciario cuenta con tres pabellones de salud mental ubicados dentro de cárceles comunes: Najayo Hombres (San Cristóbal), Vista del Valle (La Vega) y San Pedro de Macorís.

Estas áreas fueron habilitadas para responder a la necesidad de atención psiquiátrica en prisión, pero no cumplen con los requisitos mínimos, según denuncias de la Defensoría Pública.

La coordinadora de la comisión de cárceles de la Oficina Nacional de Defensa Pública, Elizabeth Rodríguez, dijo que la creación de estas áreas fue una buena iniciativa, pero no está resolviendo el problema, debido a la carencia de psiquiatras permanentes, protocolos clínicos y personal especializado, lo que afirma, impide brindar un tratamiento adecuado y respetuoso de los derechos de esta población vulnerable.

‘’Podemos decir que actualmente la situación sigue siendo caótica, no hay una atención o un seguimiento adecuado. Hemos encontrado internos desnudos, aislados, viviendo entre gusanos y sus propios desechos. No hay seguimiento médico. Están encerrados, no atendidos”, aseguró.

Internos con trastornos

De acuerdo con datos de la coordinadora de Defensa Pública, 431 personas privadas de libertad en el país presentan diagnósticos psiquiátricos. Muchos están distribuidos tanto en cárceles del viejo modelo como en centros del nuevo sistema, pero en ambos casos las condiciones siguen siendo inadecuadas.

Algunos han sido ubicados en celdas adaptadas para atención mental, pero esas áreas —según Rodríguez— no cumplen con los mínimos requerimientos: ni seguimiento psiquiátrico regular, ni condiciones higiénicas, ni abordaje clínico integral.

La mayoría de estos reclusos son representados por defensores públicos, que provienen de contextos de alta vulnerabilidad económica y social, en muchos casos han sido abandonados por sus propias familias.

Frente a este panorama, la organización de defensoría insiste en la urgente necesidad de crear un centro penal-psiquiátrico especializado, digno y funcional, que permita abordar esta realidad con el enfoque clínico, humano y legal que requiere.

Desigualdad

Otro problema estructural se debe a la desigualdad en el acceso a atención médica especializada. Según indicó Rodríguez, para muchas familias, tener un pariente con una condición mental y sin recursos económicos significa una condena silenciosa.

“En este país, si tienes dinero puedes pagar un centro psiquiátrico”, advirtió.

La defensora detalló que ni siquiera los seguros médicos cubren servicios de psiquiatría, y que una sola consulta privada puede costar hasta cinco mil pesos, lo que la vuelve inaccesible para la mayoría.

“La salud mental en este país es muy costosa. Estamos hablando de que ni siquiera el seguro médico cubre servicios de psiquiatría. Para ver un psiquiatra que no acepte seguro, tienes que pagar hasta cinco mil pesos. Ese es el problema que tenemos”, expresó.