El Senado de la República aprobó este jueves en primera lectura el proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal.
El senador Omar Fernández, uno de los proponentes de la pieza, tomó un turno al finalizar la lectura para destacar las bondades del proyecto que, según explicó, “pronto podría regir un nuevo modelo de justicia penal en el país”.
Fernández recordó que esta legislación data del año 2002 y entró en vigor en 2004.
“En el 2015 se planteó una primera reforma sustancial, pero por efecto de una sentencia del Tribunal Constitucional tuvimos que volver al código del 2002. Ahora estamos modernizando los artículos que fueron declarados inconstitucionales y adecuando el texto completo”, explicó.
Añadió que, por mandato del Tribunal Constitucional, el Congreso tiene hasta los primeros días de diciembre de 2025 para aprobar la nueva ley.
“No será simplemente una reforma, sino una nueva ley, por la profundidad de las modificaciones, que alcanzan más del 90 por ciento. Incluso el número de artículos supera al del código vigente”, indicó.
El legislador sostuvo que el nuevo Código Procesal Penal dotará a los ciudadanos de una herramienta que fortalezca su confianza en la justicia y en las instituciones, “protegiendo a los ciudadanos honestos y cerrando el paso a quienes violan la ley”.
Mejorará el sistema de justicia
Explicó que la propuesta busca garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos y, al mismo tiempo, agilizar y descongestionar los tribunales del país.
Fernández indicó que se reconocen los derechos y garantías de todas las partes del proceso, incluyendo a las víctimas y a las autoridades que persiguen el crimen.
También dijo que se mejora el modelo de cómputo del “plazo razonable”, para que no se limite a un conteo numérico, sino que tome en cuenta otros criterios que impidan abusos o dilaciones indebidas.
Duración de los procesos
La nueva normativa amplía la duración máxima de los procesos hasta cuatro años en casos ordinarios y cinco años en los complejos.
Además, actualiza los mecanismos de obtención de pruebas para incorporar el uso de tecnologías modernas en la persecución del crimen, especialmente del crimen organizado.
Fernández precisó que para fortalecer la protección de derechos fundamentales, más de 50 artículos fueron armonizados con sentencias del Tribunal Constitucional.
- También se refuerza la figura del habeas corpus, para garantizar la tutela efectiva ante privaciones de libertad ilegales o arbitrarias.
Asimismo, se establecen plazos claros para que, una vez una persona sea absuelta, le sean restituidos sus bienes y garantías sin dilaciones.
Reducción de mora judicial
El proyecto dispone que las cortes de apelación deberán dictar sentencia directa cuando anulen un fallo de primer grado, con el fin de evitar retrasos innecesarios y garantizar una justicia más expedita.
“El objetivo es liberar los tribunales de cargas excesivas y reducir la mora judicial”, precisó el senador.
De su lado, el senador Antonio Taveras Guzmán, presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Senado, destacó que la pieza fue ajustada al nuevo Código Penal recientemente aprobado,.
“Vamos bien en su conocimiento. Ha sido un proceso muy consensuado, con la participación del Ministerio Público, el Poder Judicial, la Defensoría Pública y el Poder Ejecutivo”, afirmó.
Taveras explicó que, aunque fueron revisados casi todos los artículos del Código, “no todos sufrieron grandes cambios”, sino que se ajustaron sus redacciones a las normativas vigentes.