La Cámara de Cuentas informó que tiene tres auditorías en curso sobre el Seguro Nacional de Salud (Senasa) y que los trabajos avanzan pese a dificultades en la obtención de documentación. Los miembros del Pleno explicaron que la institución está auditando «íntegramente» la ejecutoria del seguro estatal, debido al volumen de recursos públicos que administra y al carácter subsidiado de una parte de su operación.
Según el Pleno, ya fue publicada una primera auditoría correspondiente al período anterior. Actualmente están en marcha una auditoría financiera adicional y una investigación especial de tipo forense solicitada por el Ministerio Público que abarca todas las contrataciones de Senasa. «En los próximos días daremos respuesta», indicaron.
Para acelerar el proceso forense, el órgano creó una comisión especial del Pleno, presidida por Francisco Tamárez e integrada por Ramón Méndez y Francisco Franco. La comisión se ocupa de resolver los obstáculos encontrados.
«Nos hemos encontrado con inconvenientes en el camino, como la documentación. Estamos trabajando para obtener los resultados que la sociedad espera», señaló. Afirmó que los trabajos avanzan «pese a la dificultad» y que el objetivo es concluirlos «a la brevedad posible».
Los miembros del Pleno reiteraron que la Cámara no ha descuidado el caso Senasa. «Hay una auditoría financiera ya realizada, otra en curso y una auditoría forense. Son tres las auditorías. No ha habido descuido de parte de la Cámara», afirmaron.
La institución subrayó que el proceso seguirá su curso «con rigor técnico y respetando el debido proceso», y que ofrecerá los resultados tan pronto los expedientes concluyan todas sus fases.
El pleno de la Cámara de Cuentas aseguró ayer que la mayoría de las nuevas auditorías que tiene programadas se concentrarán en la gestión del presente gobierno, al tiempo que señaló que los procesos no se seleccionan por criterios políticos, sino por un plan anual.
«No seleccionamos auditoría preferida, no tenemos preferencia. Va saliendo a medida que va derrotando su debido proceso. No importa a quién afecte. Nosotros no somos selectivos en modo abuso en lo que va a salir», afirmó.
En ese sentido, el director de Auditorías, Fabio Roa, explicó que el nuevo plan incluye 41 auditorías de las cuales «el 85 % de la auditoría son del año 2020 en adelante, o sea, la gran mayoría son de este gobierno». Añadió que se trata del plan de auditoría 2026 y que «es un plan que tiene que ser aprobado y hay que concluirlo rigurosamente».
Roa indicó que, además de las auditorías del plan, la Cámara se han incluido investigaciones especiales a petición del Ministerio Público. «Siete investigaciones especiales que hemos tenido que el Ministerio Público que se han publicado. Como por ejemplo, el Inaipi, Industria y Comercio, la Fiscalía del Distrito Nacional, Hacienda, y el Ayuntamiento de La Guaya».
Añadió que de las 66 auditorías que ha publicado el pleno, solo dos no tienen irregularidades de las cuales, dijo, ninguna es subsanable porque ya han terminadas. Pero lo que se debe establecer es si tienen indicios penales o no, explicó.
Defendió aprobaciones
Polanco Melo, defendió el ritmo de trabajo y la complejidad técnica de los procesos. «Hablar de una auditoría es hablar de un proceso de más de 25 procesos que hay que dar», dijo, y subrayó que «una auditoría requiere personal muy especializado».
Polanco explicó que al llegar a la institución se evaluó al personal disponible y que fue necesario abrir un concurso público para incorporar nuevos auditores. «Participaron 130 y nosotros elegimos 82. Era 100 que queríamos para peinar el país con las auditorías que se requieren», indicó.
Según la presidenta del Pleno, la Cámara de Cuentas encontró 249 auditorías previas al cambio de gestión y la Ley 18-24 obliga a darles salida y publicarlas. «Entonces comenzamos a trabajar con lo que había», dijo, al citar como ejemplo una auditoría en curso sobre el proyecto de la presa de Monte Grande, que requiere especialistas en ingeniería hidráulica y otros perfiles técnico.
Total de auditorías
El informe institucional del período abril–noviembre 2025 detalla que la Cámara de Cuentas gestionó 235 auditorías heredadas de la convulsa gestión anterior, de las que se han publicado 66 informes con la meta de terminar el año con 70 publicadas y empezó 41 nuevas auditorías propias, además de integrar 82 nuevos auditores mediante concurso. Recoge la apertura de una oficina regional en Santiago de los Caballeros, la digitalización de procesos, el uso de firma electrónica cualificada y códigos QR.
El control externo del Estado
El Pleno reiteró que la Cámara de Cuentas es el único órgano facultado constitucionalmente para realizar control externo sobre el uso de fondos públicos. Recordaron que la Contraloría General solo puede ejecutar auditorías de control interno, las cuales -según la Ley 18-24- pueden servir como insumos para el plan anual de auditorías, pero no sustituyen el trabajo de la Cámara. Insistieron en que las auditorías con valor probatorio son las emitidas por el órgano superior de control. «Las únicas auditorías que tienen sustento probatorio son las de la Cámara», afirmaron, citando una sentencia del Tribunal Constitucional.