Dos delitos —prevaricación y tráfico de influencias—, once investigados y 42 testigos conforman el juicio al que se enfrentará a partir de este jueves David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, por su contratación en la Diputación de Badajoz.
En el juicio, que comienza este jueves en la Audiencia de Badajoz (oeste de España), se suman más números: nueve acusaciones populares, seis jornadas —de momento— de vista oral y peticiones de hasta tres años de prisión, todo ello en el marco de una instrucción de casi doce meses en la que se ha analizado un periodo de nueve años y medio.
Los magistrados José Antonio Patrocinio Pérez, Dolores Fernández y Emilio Serrano constituyen el tribunal de este juicio y, además, son quienes ya avalaron la instrucción del caso dirigida por la jueza Beatriz Biedma, que investiga la adjudicación de una plaza en la Diputación de Badajoz a David Sánchez
Este tribunal deberá abordar cómo se desarrolló tanto el proceso de contratación de David Sánchez —finales de 2016 y principios de 2017— por parte de la diputación para asumir el cargo de coordinador de los conservatorios pacenses como el cambio de denominación de este puesto al de ‘jefe de la Oficina de Artes Escénicas’.
- También deberá analizar la contratación de Luis Carrero, amigo de David Sánchez, como jefe de Sección de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas de la diputación.
El juicio comenzará un día después de que la Audiencia Nacional española haya ordenado requerir documentación y archivos electrónicos al partido de Pedro Sánchez, el PSOE, en una investigación contra una supuesta trama dirigida a desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban a esa formación o al Gobierno.
Desde Roma, tras ser recibido este miércoles por el papa León XIV, Sánchez admitió la «gravedad» de las investigaciones de la Audiencia Nacional, pero descartó adelantar las elecciones, como le pide de manera recurrente la oposición desde hace tiempo y sobre todo después de conocerse hace unos días la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, también socialista.
11 investigados
Además de David Sánchez y del expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo, se sentará en el banquillo el amigo de David Azagra —nombre artístico del hermano del presidente del Gobierno— que trabajó en el Palacio de la Moncloa, Luis Carrero.
También los exdiputados provinciales de Cultura Cristina Núñez y Francisco Martos; el diputado de Cultura Ricardo Cabezas; las exdirectoras de Cultura Elisa Moriano y Emilia Parejo, y el actual responsable de este área, Manuel Candalija.
Igualmente figuran como investigados la exdirectora de Recursos Humanos Juan Cinta y el funcionario Félix González.
La instrucción y la transformación de esta causa en procedimiento, dirigida y sustentada por la jueza Beatriz Biedma, determina presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación administrativa, con petición de penas de hasta tres años de prisión para Sánchez y Gallardo, un año y medio para Carrero, Cinta, Parejo, Cabezas, Candalija y Martos, además de años de inhabilitación.
En la extensa lista de testigos, además de nueve agentes de la Guardia Civil que participaron en la investigación —se analizaron decenas de miles de correos electrónicos remitidos y enviados por los acusados—, figuran exdirectores de conservatorios pacenses de música, técnicos, jefes de servicio y excargos intermedios de la institución provincial y personas que aspiraron al puesto de David Sánchez, entre otros.
El inicio del juicio supone el final de un largo camino de nueve años y medio, desde que en octubre de 2016 en la Diputación de Badajoz se barajó la creación del puesto de coordinador de los conservatorios de música.