La cámara de diputados regional de Novosibirsk, en Siberia, aprobó este jueves una ley que prohíbe la venta a menores de edad de componentes que pueden utilizarse para la fabricación casera de cócteles mólotov, por lo que ya son diez regiones las que han adoptado la medida.
Los diputados aprobaron la prohibición en la venta de gasolina, gasóleo, disolventes orgánicos, barnices, pinturas y esmaltes a menores de dieciocho años, informó el diario Kommersant.
El fiscal regional, Alexandr Buchman, aclaró que la iniciativa está relacionada con los casos de menores involucrados en ataques incendiarios con líquidos inflamables.
Dicha medida fue adoptada anteriormente en las regiones de Volgogrado, Vologda, Leningrado, Penza, Primorie, Tartaristán, Chuvashia, Yaroslavl y la ciudad de San Petersburgo.
A partir del 1 de septiembre se prevé que entren en vigor prohibiciones similares en las regiones de Moscú, Astracán y Transbaikal.
Reportes de sabotajes
Las fuerzas de seguridad rusas han informado casi diariamente de casos de sabotajes de infraestructura militar, energética o logística rusa, que en resumidas cuentas entorpece el funcionamiento de la maquinaria de guerra rusa.
- Las autoridades rusas atribuyen los ataques a la inteligencia ucraniana, que recluta a ciudadanos rusos para que actúen a favor de Kíev a cambio de una remuneración económica.
La parte rusa reaccionó endureciendo las consecuencias penales a los menores de edad y bajando la responsabilidad penal a los 14 años por delitos relacionados con el terrorismo y el sabotaje.
Las denuncias de Amnistía Internacional
Las autoridades convierten a niños y niñas en objetivo de su cruzada contra la disidencia antibélica, según Amnistía Internacional.
En su implacable represión de toda disidencia, las autoridades rusas toman represalias cada vez más severas contra los niños, las niñas y sus familias, en particular contra quienes se oponen a la agresión rusa de Ucrania, ha afirmado hoy Amnistía Internacional en una nueva publicación.
En el documento Russia: “Your children will go to an orphanage”: Children and the Crackdown on Protest se expone que las autoridades rusas niegan a niños y niñas su derecho a la libertad de expresión, persiguen tanto a los menores como a sus familias por disentir contra la guerra y proceden a su adoctrinamiento mediante propaganda belicista.
La organización asegura que las autoridades utilizan a niños y niñas como instrumento para presionar a las personas adultas que se oponen a la guerra, en particular por medio de separar a las familias, de amenazarlas con retirarles la patria potestad e incluso internando a los menores en instituciones.