Luego de un proceso judicial preliminar que se extendió por más de tres años, los exministros Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, junto a otros acusados de integrar una presunta red que habría defraudado al Estado dominicano por más de 41 mil millones de pesos, no fueron enviados a juicio de fondo por decisión de la jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
En el caso del excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, la magistrada otorgó un auto de no ha lugar al considerar que el Ministerio Público no presentó «suficientes elementos de prueba» para sustentar las acusaciones, por lo que, no existe «probabilidad de una condena en otro escenario procesal».
En sus motivaciones, contenidas en la resolución de 3,408 páginas del caso, la jueza señaló que el órgano acusador atribuyó a Castillo haberse asociado con varios exfuncionarios para obtener fondos de origen ilícito destinados presuntamente al financiamiento de su proyecto político de cara a las elecciones de 2020.
Lo imputó también de prevaricación, desfalco, soborno y de estafa contra el Estado.
La acusación sostenía que el exministro de Obras Públicas habría recibido recursos procedentes de un supuesto esquema de corrupción vinculado al pago de deudas administrativas del Estado, los cuales posteriormente habrían sido utilizados para financiar actividades políticas y para operaciones de lavado de activos.
De acuerdo con el expediente del órgano persecutor, durante el periodo electoral del año 2020, se entregó en manos del Castillo, la cantidad de tres mil ochocientos doce millones de pesos (RD$3,812,000,000.00)» del dinero ilícito.
Tras analizar las pruebas documentales presentadas por el Ministerio Público, la magistrada concluyó que no fue posible establecer una conexión entre los supuestos fondos ilícitos obtenidos por la alegada estructura criminal y las donaciones o depósitos recibidos por Castillo durante su campaña presidencial.
Entre los elementos examinados por el tribunal figuran varios cheques emitidos a favor de Castillo, informes de ingresos y gastos de campaña depositados ante la Junta Central Electoral (JCE), así como documentos relacionados con sus funciones como ministro de Obras Públicas.
La jueza indicó que, por su condición de candidato presidencial para el período electoral 2020-2024, Castillo era una figura habilitada para recibir aportes económicos de origen lícito, por lo que correspondía al Ministerio Público demostrar cuáles de esos recursos provenían de actividades irregulares.
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“El Ministerio Público no ha podido relacionar la conexidad entre los supuestos fondos ilícitos obtenidos del supuesto entramado criminal con los depósitos y donaciones obtenidas por dicho imputado para la campaña electoral”, establece la resolución.
En ese sentido, la magistrada concluyó que las pruebas presentadas no permitían sostener una probabilidad razonable de condena en un eventual juicio de fondo.
El acto de no ha lugar además favoreció al exministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, quien también era señalado como integrante de la presunta estructura de corrupción.
El tribunal consideró que la acusación no logró vincularlo de manera directa con la supuesta estructura de corrupción descrita por el Ministerio Público.
La jueza sostuvo que las pruebas presentadas no demostraron que Peralta recibiera fondos ilícitos ni que participara en las maniobras fraudulentas atribuidas a otros imputados.
Entre las evidencias examinadas figuraban documentos relacionados con una vivienda conocida como «La Casita», señalada por la acusación como lugar de reuniones y entrega de dinero. Sin embargo, la magistrada observó que Peralta aparecía únicamente como fiador solidario del contrato de alquiler del inmueble.
Asimismo, indicó que el Ministerio Público no presentó elementos suficientes para distinguir supuestos fondos ilícitos de recursos obtenidos legítimamente en actividades políticas, por lo que concluyó que no existían pruebas capaces de sustentar una eventual condena.
Donald Guerrero y Ángel Lockward sí irán a juicio
Si embargo, la jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción dispuso el envío a juicio del exministro de Hacienda Donald Guerrero Ortiz y del abogado Ángel Lockward y sus empresas, así como de otras 33 personas acusadas de defraudar al Estado dominicano.
Entre los que pasará a la próxima fase del proceso penal por corrupción también se encuentran los exdirectores del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y de Catastro Nacional, Luis Miguel Piccirillo y Claudio Silver Peña, respectivamente.
Asimismo, los abogados Ángel Lockward y Juan Tomás Polanco Céspedes, Princesa Alexandra García Medina —quien se desempeñaba como coordinadora técnico administrativa de Hacienda—, y la pareja de esposos Ramón David Hernández y Yahaira Brito Evangelista.
Igualmente, el exasesor legal de Donald Guerrero, Aldo Antonio Gerbasi Fernández, y el excontralor general Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, entre otros.
Fuera del proceso
La jueza Altagracia Ramírez también dictó acto de no ha lugar a favor de Marcial Reyes.
Según la magistrada, las evidencias aportadas por el órgano acusador no demostraban que el imputado hubiera cometido los delitos de uso de documentos falsos, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno y lavado de activos que se le atribuían.
La jueza destacó que Reyes figura como integrante de la sucesión Reyes O Ben, una de las familias beneficiarias de los pagos por expropiación objeto de la investigación. Además, señaló que varios querellantes y familiares desistieron de las acciones emprendidas en su contra.
La resolución sostiene que no fueron aportadas experticias que demostraran la alegada falsificación de documentos y concluye que el cúmulo probatorio no permite sostener una probabilidad razonable de condena.
- Con respecto a la notaria Rosa Arias Ruiz, el tribunal concluyó que los hechos atribuidos por el Ministerio Público no constituyen infracciones penales, sino posibles faltas disciplinarias previstas en la Ley 140-15 del Notariado.
La acusación sostenía que Arias Ruiz otorgó apariencia de legalidad a contratos de cesión de crédito utilizados presuntamente para defraudar al Estado.
Sin embargo, la jueza indicó que la participación comprobada de la imputada se limitó a legalizar firmas en documentos donde una de las partes era su hijo, Omar Manuel Miqui Arias.
Según la decisión, dicha actuación está prohibida por la legislación notarial y puede dar lugar a sanciones disciplinarias, pero no quedó acreditada su participación en delitos como falsificación, asociación de malhechores, estafa, soborno o lavado de activos.
- La jueza también favoreció con un no ha lugar a Daniel Alberto Guerrero Mena, hijo del exministro de Hacienda Donald Guerrero.
El Ministerio Público alegaba que, a través de la empresa Intercaribe Mercantil S.A.S., participó en maniobras fraudulentas para obtener beneficios económicos del Estado y ocultar a los verdaderos propietarios de la sociedad.
No obstante, la magistrada concluyó que las pruebas únicamente demostraban su condición de accionista y representante de la empresa en determinadas operaciones comerciales.
La resolución señala que el vínculo familiar con Donald Guerrero y su participación societaria no bastan para establecer responsabilidad penal, debido a que la acusación no logró demostrar una participación activa y concreta en los hechos investigados.
La jueza Altagracia Ramírez fundamentó las decisiones en el artículo 309 del Código Procesal Penal, al concluir que los elementos de prueba presentados por el Ministerio Público resultaban insuficientes para sustentar la acusación y establecer una probabilidad razonable de condena en juicio.