La presidenta del Congreso de Perú, María del Carmen Alva, suspendió temporalmente este lunes el debate de vacancia (destitución) del presidente Pedro Castillo debido a una disputa entre parlamentarios, luego de que uno de ellos mostrara una pancarta contraria al mandatario.
El incidente comenzó minutos después de que Castillo se dirigiera al pleno y cuando su abogado, José Palomino, trataba de exponer las razones por las que los legisladores deben votar en contra de la destitución.
La congresista del partido fujimorista Fuerza Popular Vivian Olivos mostró un cartel a favor de la vacancia, lo que generó que la bancada oficialista de Perú Libre comenzara a gritar y pedir que la retirara.
Entre quienes levantaron la voz con más contundencia contra la pancarta de Olivos se encontraba el congresista Guillermo Bermejo, de Perú Libre, quien urgió a gritos que retiraran el cartel.
Inmediatamente después de la decisión adoptada por Alva, quien había advertido en varias ocasiones a Olivos, varios diputados se dirigieron al asiento de la congresista fujimorista y trataron de retirar el letrero.
El jefe de Estado fue citado este lunes, día en el que cumple exactamente ocho meses en el poder, ante el pleno del Parlamento para defenderse del segundo pedido de destitución presidencial lanzado por un sector de la oposición política en su contra, el octavo proceso de este tipo que un presidente peruano afronta desde 1992.
Por ahora, la destitución se vislumbra poco probable, ya que la oposición más férrea cuenta con unos 65 votos asegurados y podría llegar hasta los 73 si Alianza Para el Progreso (APP) y Acción Popular (AP) alinean a sus miembros discordantes.
Aún así, para vacar al presidente se requieren 87 votos de los 130 miembros del Legislativo, lo que requeriría de, al menos, un voto a favor de la destitución del oficialista Perú Libre o del izquierdista Juntos por el Perú.
Según la legislación peruana, el jefe de Estado puede acudir a la sesión plenaria o bien optar por enviar a su abogado para que lo represente en esta solicitud de destitución multipartidaria que alega una supuesta «incapacidad moral permanente».
Entre los argumentos que esgrime la moción está la designación de, al menos, diez ministros cuestionados, la existencia de un supuesto «gabinete en la sombra» o su presunta intención de someter a consulta popular una salida al mar para Bolivia.
Otros puntos son las presuntas «contradicciones y mentiras del presidente en investigaciones fiscales», así como supuestas irregularidades en ascensos militares y policiales.
Esta iniciativa legislativa fue presentada el pasado 8 de marzo y aprobada el día 14 del mismo mes, a diferencia del primer intento de destitución que ya enfrentó Castillo a finales de 2021, cuando la moción no llegó a ser admitida a trámite.