Un tribunal de El Salvador condenó a 30 años de prisión a una mujer que sufrió una emergencia obstétrica y fue capturada cuando buscó atención médica en un hospital público. Aunque primero la acusaron de abortar, la condenaron por el delito de homicidio agravado, informó el martes la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.

“Esme”, como identifican a la mujer, pasó dos años en detención preventiva mientras continuaba el proceso judicial, separándola de su hija de siete años.

Muchas mujeres acusadas de aborto prefieren que no se divulgue su identidad porque en su mayoría viven en zonas rurales y muchas veces son estigmatizadas.

La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, una organización no gubernamental que ayuda a las mujeres criminalizadas por emergencias de salud durante su embarazo, afirmó en un comunicado de prensa que “el juez actuó con parcialidad, privilegiando la versión ofrecida por la Fiscalía General de la República, que estuvo cargada de estigmas y estereotipos de género”, y adelantaron que van a apelar la resolución.

La sentencia que condena a “Esme” a 30 años de cárcel “es un duro golpe en el camino por superar la criminalización de las emergencias obstétricas que, como ya señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), deben ser tratados como problemas de salud publica y de garantías de derechos de las mujeres”, dijo Monera Herrera, del colectivo feminista.

El colectivo señaló que el caso de “Esme” nuevamente refleja la criminalización de las mujeres que viven en condiciones de pobreza, sin acceso a la educación y servicios de salud

En las últimas dos décadas cerca de 180 mujeres que han experimentado emergencias obstétricas han sido perseguidas penalmente en El Salvador. Desde 2009, gracias a la presión del colectivo feminista, 64 han sido liberadas. Desde diciembre de 2021, el gobierno salvadoreño ha conmutado la condena a ocho mujeres que sufrieron emergencias obstétricas y que fueron procesas por aborto.

El Salvador es uno de los cuatro países de América Latina que prohíben el aborto sin excepciones junto a Nicaragua, Honduras y Republica Dominicana. Organizaciones defensoras de los derechos humanos han exigido al Estado salvadoreño derogar la ley que prohíbe la interrupción del embarazo, pero no se ha tenido resultado.

En noviembre de 2020, la CIDH declaró responsable al Estado salvadoreño de violar los derechos de una mujer identificada como “Manuela”, que fue detenida en 2008 y luego de ser condenada a 30 años murió en la cárcel, dejando huérfanos a sus dos hijos. El colectivo afirma que a “Manuela” se le negó atención médica mientras estaba detenida.

La legislación salvadoreña penaliza toda forma de aborto, incluso el terapéutico, y castiga tanto a las mujeres como a los médicos que los practiquen. De ser encontradas culpables, las penas varían de dos a ocho años. No obstante, en muchos casos el delito cambia a homicidio agravado por el parentesco de la víctima y las mujeres pueden llegar a ser condenadas a 30 años de prisión.