La procuradora fiscal de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) Rosa Alba García reveló la noche de este viernes que más de 20 señalados en el supuesto entramado de corrupción desmantelado mediante la Operación Medusa han realizado solicitudes de acuerdos, y ante esto, el órgano acusador está ponderando.
“Tenemos más de 20 solicitudes para acuerdos, las cuales están siendo ponderadas por el Ministerio Público”, manifestó.
Pese a que el Ministerio Público aceptó el receso del proceso, la procuradora adjunta, Yeni Berenice Reynoso indicó que estaban dispuesto a iniciar con la lectura de la acusación sin importar que la jornada se extienda hasta la madrugada de este sábado.
Aplazamiento
Sin embargo, la maratónica audiencia de este viernes en que se tenía pautado iniciar con la lectura de la acusación fue incidentada por la defensa técnica de los encartados en las más de 13 horas de jornada.
Esto motivó a que el juez Amauri Martínez, por lo avanzado de la hora, y por la presentación de estos incidentes, ordenara recesar el proceso para el próximo viernes 12 de mayo a las 9:00 de la mañana en la misma Corte de Apelación del Distrito Nacional, ubicada en el Centro de los Héroes.
Entre los incidentes está el presentado por la defensa del exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, principal acusado, que pidió al juez un plazo de 10 días para poder estudiar informaciones que solicitaron al Ministerio Público, lo que fue rechazado.
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Más temprano, y previo al inicio de la audiencia preliminar, varios abogados bajaron del estrado al asegurar que fueron desapoderados por sus clientes por supuestas presiones ejercidas por el Ministerio Público para lograr acuerdos.
En la audiencia donde se intenta conocer la fase preliminar del caso Medusa, varias de las defensas solicitaron plazos de entre 10 y 15 días.
El juez decidió otorgar un receso a los fines de que comparezca ante el tribunal la imputada Isis Tapia, quien no se presentó a la audiencia por supuestas complicaciones de salud.
Entre los procesados que podrían llegar a acuerdos con el Ministerio Público se encuentran Reynaldo de los Santos Cruz, Carlos Augusto Guzmán, y las empresas imputadas Herraje Rachel y Parasata Mercantil, SLR, que desistieron de sus abogados y contrataron nueva defensa.
De acuerdo con el expediente, los imputados integraron una red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República y que, según estimaciones preliminares, estafó al Estado dominicano con más de seis mil millones de pesos.