El presidente Luis Abinader promulgó este lunes la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas, cuyo proyecto había sido aprobado por el Congreso Nacional el pasado 23 de julio.
El acto fue encabezado por el mandatario y el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, en la sede de la institución ubicada en calle Pedro A. Lluberes, sector Gazcue.
La nueva normativa tiene como objetivo establecer un régimen jurídico actualizado para las contrataciones del Estado, con normas destinadas a promover una gestión más eficiente, transparente y con mayores niveles de fiscalización.
Durante el evento, el mandatario aseguró que esta norma representa una reforma sustancial para la eficientización de los recursos públicos y el desarrollo.
“Es un sistema orientado a garantizar que cada peso invertido por el Estado se traduzca en obras, servicios y oportunidades reales para los dominicanos y dominicanas”, dijo Abinader al referirse a la pieza.
Asimismo, reiteró que el Gobierno se compromete a dotar esta ley “de los recursos humanos, tecnológicos y financieros necesarios para su efectiva aplicación”.
Carlos Pimentel, destacó que la ley fue elaborada tras consultas extensas e incorpora mecanismos sólidos para prevenir y sancionar irregularidades.
“Esta nueva legislación sustituye un marco normativo que, tras casi dos décadas, ya no respondía a los desafíos de un Estado moderno ni a las exigencias de la ciudadanía”, indicó.
Agregó que esta nueva ley es un instrumento “robusto para garantizar que cada contratación pública se realice con integridad, con competencia, con propósito y con impacto real en el bienestar de la gente”.
Principales reformas
De acuerdo con el titular de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), la ley comprende los siguientes avances:
- Redefine la gobernanza del sistema de contrataciones, consolidando el órgano rector y articulando responsabilidades claras para los demás actores del ecosistema.
- La planificación se convierte en eje central y obligatorio del ciclo de las contrataciones, integrando presupuestos, oportunidades y alineados a los objetivos de desarrollo.
- Se crea el Sistema Nacional de Contrataciones Públicas, con un componente de interoperabilidad, enfoque digital y mecanismos de trazabilidad en tiempo real.
- Se incorporan nuevos procedimientos de contratación que permiten mayor adaptabilidad y mayores niveles de eficiencia, como las formas de innovación, las compras y los convenios marcos, las licitaciones abreviadas y mecanismos dinámicos de adquisición.
- Se fortalece el régimen de inhabilidades para garantizar que quienes no cumplen la ley e incurren en prácticas corruptas no puedan volver a contratar con el Estado.
- Se establecen mecanismos de inclusión y desarrollo sostenible, favoreciendo la participación de las Mipymes, de las mujeres proveedoras, de actores locales y de los productos sostenibles.
- La ley incorpora la importancia de la inteligencia de datos, incorpora sistemas de alerta temprana, prevé el uso de tecnología para la supervisión preventiva y el análisis de riesgo.
- Se amplía la participación de la ciudadanía; se establecen canales formales de control social y de veeduría ciudadana.
- Se establece un régimen de profesionalización obligatorio, para que quienes participan en los procesos de compra aseguren mayor capacidad técnica y estén alineados a los principios de legalidad y eficiencia.