La Organización de Estados Americanos (OEA) tiene previsto pedir al Gobierno de Nicaragua que copreside el matrimonio formado por Daniel Ortega y Rosario Murillo la retirada del territorio nicaragüense de la presencia china, iraní y rusa por la seguridad hemisférica, de acuerdo con un borrador de resolución dado a conocer este martes por opositores nicaragüenses en el exilio.
El Consejo Permanente de la OEA celebrará el próximo 2 de octubre una reunión extraordinaria, en la sede del organismo en Washington, de los cancilleres de países miembros para tratar la situación política en Nicaragua.
El encuentro, un mecanismo poco común en el seno de la OEA, se producirá después de que el copresidente Ortega afirmara en julio que no habrá más elecciones en el país centroamericano y de que su Gobierno impulsará reformas constitucionales para lograr dicho objetivo.
El proyecto de resolución, presentado por las misiones permanentes de Colombia, Estados Unidos y Perú, señala que muchas de las prácticas y políticas del régimen de Ortega y Murillo tienen «efectos extraterritoriales», explicó el dirigente opositor nicaragüense desnacionalizado Juan Sebastián Chamorro, quien compartió con los medios el borrador de la resolución.
Contenidos de la resolución incluyen restituir la ciudadanía cientos de personas
En ella, proponen a los cancilleres que demanden a Nicaragua retirar «a todo el personal, la tecnología, las capacidades y las instalaciones de seguridad de países extranjeros cuya presencia amenacen la seguridad hemisférica, es decir, rusos, chinos e iraníes«, indicó Chamorro.
También demandar al régimen Ortega Murillo que de manera inmediata y verificable liberen a todos los presos políticos y den a conocer el paradero de las personas en condición de desaparición forzada.
Además, restituir la ciudadanía de al menos 452 personas que las autoridades han despojado de su nacionalidad y de sus bienes.
Asimismo, restablecer las libertades de expresión, de asociación, de religión y de reunión pacífica, es decir, «permitir que los medios de comunicación puedan regresar al país», anotó Chamorro.
Otro de los puntos es la devolución de la personalidad jurídica a las más de 5.500 ONG que han sido ilegalizadas desde 2018 y se les devuelvan las propiedades y activos confiscados.
- El proyecto también demanda revocar los cambios constitucionales aprobados en 2025 y 2026 que desmantelaron la democracia representativa y restablecer la independencia de las instituciones del Estado, la separación de poderes y el pluralismo político.
- La resolución incluye la formación de un grupo de alto nivel que desarrolle a la brevedad un plan de acciones graduales que incluyan en el ámbito diplomático, económico, financiero y multilateral para poner presión al régimen, dijo el líder opositor.
«En resumen, diría que se trata de una advertencia que le hace la OEA a los dictadores, que aún les queda poco tiempo para poder emprender estas acciones, de lo contrario estas medidas graduales propuestas por el grupo creado por esta resolución va a empezar a tomar efecto», comentó Chamorro, para quien ese borrador «es un paso a favor, porque la OEA está dejando en evidencia que los dictadores fueron advertidos».
A juicio de Chamorro, el régimen de Ortega y Murillo «muy probablemente no tomará ninguna de las acciones recomendadas«, por lo que no descartó «acciones concretas y específicas directas en contra de los codictadores que incluyen los ámbitos financieros, económicos y multilaterales».
El pasado 1 de septiembre, la Asamblea Nacional nicaragüense, controlada por el sandinismo, aprobó en primera legislatura -de dos necesarias- una reforma constitucional que prohibiría competir en elecciones a personas que el Estado considere “traidores a la patria”, además de extender de seis a siete años los mandatos de los cargos de elección popular.