Una mujer colombiana de 23 años fue enviada a la cárcel en Cartagena de Indias, acusada de explotar sexualmente a su hija menor de edad para comercializar contenido sexual con un ciudadano estadounidense, informó este lunes la Fiscalía.
La investigación comenzó tras una alerta emitida por la embajada de Estados Unidos luego de que en diciembre de 2025 fuera capturado en Medellín un ciudadano de ese país en cuyos dispositivos electrónicos fueron hallados abundantes fotografías y videos de una menor de edad.
Según la Fiscalía, el trabajo coordinado con las autoridades estadounidenses permitió establecer que entre mayo y noviembre de 2025 el extranjero sostuvo conversaciones en Cartagena con la mujer, de quien no se ha revelado la identidad, para solicitarle archivos íntimos en los que apareciera la niña.
«La mujer, al parecer, aceptó dichas prácticas en, al menos, seis ocasiones en las que habría compartido fotografías y videos a cambio de dinero», señaló la Fiscalía.
Además de los 10 años de prisión, tribunal incauta bienes a madre de la menor del caso Wander Franco
Un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso por los delitos de pornografía con menor de 18 años agravada, acceso carnal abusivo con menor de 14 años, actos sexuales con menor de 14 años y demanda de explotación sexual.
La semana pasada, la relatora de la ONU sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, Reem Alsalem, celebró una decisión de la Corte Suprema de Justicia de Colombia que considera la prostitución una forma de violencia sexual y no un trabajo, en una sentencia relacionada con explotación de menores.
La relatora afirmó que la demanda de servicios sexuales «constituye un factor determinante y el primer eslabón en la cadena de explotación» y sostuvo que quienes generan esa demanda «no son participantes pasivos en un mercado ilícito, sino explotadores directos«.
- Alsalem también expresó preocupación por iniciativas en Colombia orientadas a regular la prostitución como «trabajo sexual» y pidió adoptar enfoques legislativos «coherentes con el derecho internacional«.
Según cifras de Migración Colombia, cerca de 60 extranjeros fueron inadmitidos en el aeropuerto internacional José Maria Córdova de Medellín hasta mediados de mayo por motivos relacionados con explotación sexual, mientras que en todo 2025 la cifra alcanzó los 110 casos.