El caso de Maricarmen Abascal, expulsada a los 87 años del piso donde vivió siete décadas, pone frente a frente la protección de los inquilinos vulnerables y los derechos de los propietarios en un mercado marcado por la escasez y los altos precios
La imagen de Maricarmen Abascal, de 87 años, abandonando en camilla la vivienda de Madrid en la que había residido durante 71 años ha convertido un conflicto particular de arrendamiento en símbolo de una crisis mucho más amplia: la dificultad creciente para acceder a una vivienda y el complejo equilibrio entre el derecho de los inquilinos a una protección efectiva y el de los propietarios a disponer de sus inmuebles.
Abascal fue desalojada el 23 de septiembre de su piso en el distrito de Retiro después de ocho años de litigios y cuatro intentos de lanzamiento. La vivienda había sido adquirida en 2018 por Urbagestión Desarrollo e Inversión. Según El País, la disputa se originó en un contrato de renta antigua y terminó en el Tribunal Supremo, que dio la razón a la propiedad al considerar limitada temporalmente la segunda subrogación del contrato.
El desalojo provocó protestas de vecinos y organizaciones de inquilinos y abrió cuestionamientos sobre la capacidad de la legislación para responder a situaciones de extrema vulnerabilidad. El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, sostuvo posteriormente que el episodio evidenciaba “deficiencias, incluso legales” que deberían corregirse y reclamó medidas urgentes para evitar situaciones similares.
Una ley bajo cuestionamiento
Una de las claves jurídicas está en la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, que estableció límites a las sucesivas subrogaciones de los antiguos contratos. En el caso de Abascal, el contrato original había sido firmado por su padre en 1956, pasó posteriormente a su madre y después a ella. Esa cadena de subrogaciones terminó siendo determinante para que los tribunales reconocieran el derecho de la propiedad a recuperar el inmueble.
- Pero el caso también ha puesto sobre la mesa la otra cara del conflicto. Urbagestión defendió públicamente la legalidad del procedimiento y sostuvo que actuó amparada por resoluciones judiciales. La empresa también cuestionó algunas versiones difundidas sobre las condiciones económicas planteadas a la inquilina y aseguró que no recibió del Gobierno una oferta cierta para comprar o alquilar la vivienda.
- El debate, por tanto, trasciende un desahucio. La Constitución española reconoce tanto el derecho a la propiedad privada, en su artículo 33, como el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, en el artículo 47.
La dificultad está en determinar hasta dónde debe llegar la protección pública sin trasladar exclusivamente a propietarios particulares el coste de una política social que corresponde también a las administraciones.
Las restricciones sobre alquileres, prórrogas, actualización de rentas y recuperación de inmuebles han generado críticas entre propietarios que consideran que una regulación excesiva puede reducir el rendimiento o la disponibilidad de una inversión adquirida legalmente. El propio debate sobre el próximo decreto de vivienda se desarrolla en un mercado donde una parte importante de la oferta está en manos de particulares, lo que obliga a ponderar los efectos de cualquier nueva limitación.
Viviendas y salarios se distancian
El problema de fondo es una oferta que no crece al ritmo de la demanda. El Banco de España estima que entre 2021 y 2025 se acumuló un déficit cercano a 750,000 viviendas respecto a la creación de nuevos hogares, con aproximadamente la mitad de esa brecha concentrada en Madrid, Barcelona, Alicante, Valencia, Murcia y Málaga. La institución identifica las restricciones a la oferta como el principal factor detrás de las dificultades actuales de acceso.
Madrid refleja especialmente esa presión. El precio anunciado del alquiler alcanzó en agosto de 2026 los 23.3 euros por metro cuadrado en la capital, un 5.1 % más que un año antes, según Idealista. La Organización de Consumidores y Usuarios encontró este mes apenas 13 viviendas en Madrid con alquiler inferior a 700 euros mensuales y advirtió que incluso una persona con ingresos netos de 2,000 euros afronta serias dificultades para alquilar sola.